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Walmart. Entre la impunidad, la necesidad y la costumbre

Por: enero 11, 2013 Sin comentarios

Foto: Cortesía

Cinco de la mañana. Personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), liderado por José Vicente de la Rosa Herrera, coordinador nacional de centros INAH ese 20 de Julio del 2004, se dirige a un predio en las inmediaciones de la zona arqueológica de Teotihuacán, Estado de México.

Encuentran el lugar bardeado y en pleno proceso de construcción. El estacionamiento cuenta ya con piso adoquinado e incluso, en la zona de trabajo ya existe una edificación de casi 10 metros de altura, con sistema eléctrico y sistema hidráulico nuevo, cimentación, varillaje, etc.

A pesar de las dificultades técnicas, el equipo de arqueólogos realiza la exploración con un georradar de penetración, bajo consigna de la dirección general, a cargo en esos años de Sergio Raúl Arroyo, quien indicó que el trabajo se hiciera con los propios recursos del INAH.

La exploración sólo  encuentra dos “anomalías” en el barrido. Ambas desestimadas posteriormente, una como un banco de arena, la otra como un pedazo de tabique. No pudieron registrar nada mas pues el georadar detectaba la tubería nueva, el varillaje, el rellenado, etc. La labor de los arqueólogos fue infructuosa debido a la construcción.

Walmart de México contaba con permisos de construcción y uso de suelo desde el 19 de Mayo del 2004, la licencia numero 401-725-2/103P/04 fue expedida por el Centro-INAH Estado de México por Maribel Miró Flaquer. Sólo le bastaron 6 semanas a grupo Walmart de México para construir el predio y borrar todo vestigio prehispánico del lugar. Las licencias fueron expedidas en base a búsquedas de vestigios realizadas en los 70 y un escaneo de superficie del ´84, las cuales arrojaban una nula existencia de restos históricos.

Información difundida por congresistas demócratas estadunidenses aseguran que en el 2004,  a través de Graco Ramirez, actual gobernador de Morelos,  algunos funcionarios recibieron 2 millones de pesos en 8 pagos y el director del INAH, Sergio Raúl Arroyo, obtuvo como soborno una “donación” de 500 mil pesos  para cambiar el uso de suelo alrededor de la zona arqueológica de Teotihuacán, principal obstáculo para la apertura de una nueva tienda y realizar modificaciones ilegales al mapa de un área.

La zona no quedaría oficialmente delimitada hasta que fuera publicada en el Diario Oficial de la Federación, por lo que presumiblemente, directivos de la empresa sobornaron a autoridades para que modificaran el mapa antes de la publicación.

Una vez realizados los cambios, dejarían fuera de protección un campo de alfalfa, propiedad de Elda Pineda, además de totalizar 200 mil dólares en sobornos, dadivas, donaciones y apoyos a habitantes y locatarios. Walmart Teotihuacán abrió sus puertas en noviembre de 2004, con el apoyo de las autoridades, que enviaron policías y elementos antimotines para mantener a raya cualquier protesta.

En septiembre del 2005 un abogado de Walmart Inc. recibió un correo electrónico de un ex ejecutivo de Walmart de México que describía cómo la filial había pagado sobornos para obtener permisos para construir tiendas en el país con un monto que habría alcanzado los 24 millones de dólares en conjunto. Walmart de México estaba en ese entonces identificada como la mayor filial en el extranjero del grupo, con una de cada tres tiendas en territorio mexicano a nivel mundial.

El ex ejecutivo dio nombres, fechas y cantidades de sobornos y agregó que todo lo que sabía era resultado de los años en que había sido el abogado encargado de la obtención de los permisos de construcción de Walmart de México.

En dicho documento se detalla la participación de Eduardo Castro-Wright, a quien se identificó como el principal  actor en los años de corrupción y que fue ascendido a vicepresidente de Walmart de México en el 2008.

La matriz de Estados Unidos envió investigadores a la Ciudad de México y encontró evidencia de la corrupción generalizada, detectó documentos que demuestran que los altos ejecutivos de Walmart de México no sólo sabían de los pagos, sino que tomaron medidas para ocultar al corporativo en Bentonville, Arkansas.

Guillermo Rodríguez Céspedes, entonces alcalde perredista de Teotihuacán, reconoció en una entrevista publicada el 6 de octubre de 2004 en el periódico La Jornada, que Walmart habría otorgado un “donativo económico” de 600 mil pesos directamente a pobladores de la zona y representantes del barrio La Purificación “como ayuda por su anuencia a la obra”.

Rodríguez dijo que los ejecutivos de Walmart le habían pedido: “ingresar el donativo a la tesorería, pero nos negamos. Les dijimos que se arreglaran con la comunidad”. Es decir, propusieron al edil recibir dinero y entregarlo a pobladores inconformes para obtener su consentimiento. “Emitimos la licencia de construcción como última instancia, porque ya la empresa contaba con todos los permisos”, agregó el funcionario para explicar su aval a la tienda.

The New York Times, principal medio y expositor original del incidente Walmart Teotihuacán, encontró ocho pagos por 341 mil dólares en sobornos para construir el Sam’s Club cerca de la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México, sin contar con licencias de construcción, de permiso ambiental, de evaluación de impacto o de tráfico vehicular e identificó 19 tiendas a lo largo del país que fueron abiertas por Walmex gracias a los sobornos. Además de un centro de distribución en Cuautitlán Izcalli, por el que habría pagado 765,000 dólares.

Sin deslindarse de los hechos, fuentes cercanas a la cadena de autoservicio, aseguran que actualmente se encuentra en investigaciones confidenciales para encontrar a los responsables de éste escándalo que ha trascendido tiempo y fronteras.

La fuente de Walmart México que platicó en exclusiva para Noticiales.com comentó que el grupo empresarial sigue muy de cerca el proceso desde sus oficinas en Estados Unidos debido a las normas y fuertes implicaciones que tienen los actos de corrupción en el país del norte, lo que ha hecho que sea una de las empresas más cubiertas y menos expuestas a casos de corrupción en aquel territorio.

“Un equipo distinto al que estaba en ese entonces está reestructurando todo lo legal o jurídico, todos los procesos, para evitar que esto vuelva a suceder”, agregó, “a nivel autoridades las reglas son caprichosas, principalmente con las municipales. Muchas reglas son de criterio. Tienes que ser impecable para  bloquearte y que no te quieran hacer algo”.

En la conversación confidencial con Noticiales.com la fuente recordó que en medio del escándalo que surgió la primera vez, Marcelo Ebrard, el entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, “mandó hacer auditoría a todas las tiendas de Walmart en el DF y de hecho cerraron tres por cuestiones no graves,  asuntos de metros cuadrados”.

Indicó que “es urgente mitigar la posibilidad, oportunidad y capacidad de incurrir en este tipo de delitos sobre todo a nivel municipal, ya que es el sector gubernamental donde hay más discrecionalidad y no son vigilados de cerca. Se requiere más responsabilidad gubernamental y castigos más fuertes para las autoridades”.

Al cuestionarle sobre las posibles sanciones que corresponderían si las autoridades mexicanas determinaran cierto este posible caso de corrupción, sentenció que “seguramente a los funcionarios si los deshabilitarían y tal vez  lleguen a la cárcel los declarados culpables pero veo muy difícil que haya una clausura o castigos mayores para la empresa. Hay Walmart para rato, seguirá creciendo”.

El día de hoy, Sergio Raúl Arroyo descartó pedir licencia mientras se investiga el caso y asegura que la información entregada es absolutamente falsa y asegura que las autorizaciones de construcción las dio el municipio, mientras que el INAH sólo cuidó las investigaciones de salvamento arqueológico.

Además, Graco Ramírez negó en su cuenta oficial de Twitter haber sido enlace para los pagos:

Aseguró que en ese entonces el no tenía ningún trato con el gobierno del Distrito Federal:

Y exigió pruebas de lo que se le imputa:

Por parte de las autoridades mexicanas no hay una investigación de contraloría.

Muchas empresas internacionales con interés en invertir en territorio nacional crean dentro de sus carpetas de gastos, apartados destinados a ser entregados como donaciones, apoyos, regalos, refuerzos motivacionales, etc. En otras palabras, sobornos. Son la alternativa al encontrar un mar de complicaciones para llevar a cabo sus metas y proyectos.

Forzados por la necesidad, muchas empresas entran en el círculo de corrupción y algunas de estas lo vuelven una cómoda costumbre y los tienen como procesos  plasmados incluso en sus manuales de operaciones en varios casos.

La corrupción generalizada en nuestros sistemas legales no sólo afecta a los servicios de seguridad pública sino a cualquier gestión, por mínima que sea, que cualquier persona física o moral quiera realizar.

Las oficinas encargadas de regular y proteger los bienes patrimoniales, culturales e históricos de nuestro país siguen funcionando bajo la “Ley de Oro”: Quien tiene el oro posee la ley.

 

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