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Normalistas de #Ayotzinapa no fueron incinerados: #GIEI

Por: septiembre 7, 2015 Sin comentarios

México, D.F.- La Procuraduría General de la República (PGR) se encuentra entre la espada y la pared, resulta ser que el informe que dio el exprocurador Jesús Murillo Karam, no coincide con el nuevo reporte que ha dado el Grupo Interdisciplinario de Expertos (GIEI), donde se señala que la versión de que los estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula, Guerrero, es falsa.

El organismo señala que la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapan es resultado de una “acción coordinada” que quiso impedir que los normalistas abandonaran o huyeran de Iguala, Guerrero, a bordo de un camión que habría sido modificado para el traslado de droga hacia Estados Unidos, y que los jóvenes “tomaron” sin saberlo, en su propósito de llegar al D.F. para participar en la marcha del 2 de octubre.

“El GIEI tiene la convicción de que los muchachos no fueron incinerados en el basurero de Cocula”, dijo Francisco Cox, integrante del GIEI, con base en los resultados de un peritaje independiente que demostró la imposibilidad de quemar 43 cuerpos en las condiciones de un terreno a cielo abierto y por las características que presentaba el lugar.

Esta sola conclusión desmonta “la verdad histórica” que sostuvo el entonces titular la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, al presentar los resultado de su investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas, el pasado 27 de enero.

El peritaje del GIEI, elaborado por el peruano José Torero —quien participó en los estudios del derrumbe de las Torres Gemelas en Nueva York— estableció que en el lugar no hubo un incendio que pudiera incinerar 43 cuerpos humanos.

“Hay enormes contradicciones entre el peritaje y las versiones dadas por los inculpados”, dijo Carlos Beristain, integrante del mismo equipo de expertos.

De acuerdo con el peritaje de Torero, para incinerar 43 cuerpos tuvieron que utilizarse 30 toneladas de madera y el fuego tuvo que arder por 60 horas. Además, la llama tendría que haber alcanzado 7 metros y el humo 300 metros de altura, reiteró.

El GIEI también advirtió sobre las distintas participaciones de efectivos del Ejército y policías federales, estatales, ministeriales y municipales, que sabían lo que estaba ocurriendo en Iguala, por las comunicaciones que tuvieron a través del sistema de C-4.

“Además de los agresores directos, que fueron los policías municipales de Iguala y Cocula, hubo agentes de la policía federal, ministerial y del Ejército, que observaron lo que pasaba en diferentes momentos y en diferentes escenarios”, pero ninguno hizo nada por los estudiantes, afirmó Beristain.

Incluso el Ejército hizo tareas de resguardo, vigilancia e investigación de los hechos, que están en el expediente del caso, afirmó.

En su informe y durante la conferencia de prensa que ofrecieron en la Comisión de Derechos Humanos del D.F., los expertos ofrecieron un relato pormenorizado de los hechos ocurridos entre el 26 y 27 de septiembre de 2014, producto de la investigación que el GIEI llevó al cabo en los últimos 6 meses.

Los especialistas advirtieron sobre las inconsistencias de la investigación que llevó al cabo la PGR, durante la cual hubo pruebas perdidas o destruidas, escenarios que no se investigaron y hasta testimonios que se pasaron por alto.

Destacaron, como un elemento fundamental de la indagatoria, la “desaparición” de un autobús Estrella de Oro, que apareció posteriormente, pero que no coincide con las imágenes de un vídeo que les dio la central de autobuses.

Para los expertos del GIEI está pendiente la investigación sobre el detalle de este autobús, que ni siquiera aparecía en la indagatoria, pero que podría estar vinculado con una línea de investigación que las autoridades mexicanas no agotaron.

Esta línea confirma el uso de autobuses para el tráfico de droga de Iguala hacia Estados Unidos, de acuerdo con el testimonio jurado de una agente de la DEA (Drug Enforcement Administration), que forma parte de una indagatoria en curso en el Departamento de Justicia estadunidense, explicó Francisco Cox, miembro del GIEI.

Para los expertos de la CIDH, esta línea de investigación explicaría la coordinación de las acciones contra los estudiantes de Ayotzinapa, que sustentan con base en el testimonio de un chofer de autobús, quien asegura que fue trasladado a una casa blanca en Iguala, donde un hombre daba órdenes.

El GIEI fue claro al asegurar que los estudiantes no iban armados y no tuvieron nunca la intención de boicotear algún acto político del alcalde José Luis Abarca, pues su propósito era viajar a la ciudad de México para participar en la marcha del 2 de octubre.

Su trayecto fue de Ayotzinapa a Chilpancingo, y de allí se desviaron a Iguala luego de que el chofer de uno de los autobuses que habían tomado, les pidió que le permitieran llevar a los pasajeros a Iguala. Allí, los encerró en el camión y les impidió bajar, lo que desencadenó los hechos posteriores.

Cuando los estudiantes llegaron a Iguala, ya había pasado el acto político de los Abarca, aclararon en su momento Ángela Buitrago y Claudia Paz.

El informe advierte que en Iguala hubo “un ataque masivo, indiscriminado, desproporcionado y sin sentido”, con “un nivel de agresión brutal y en ascenso”.

En esta “acción coordinada” que duró al menos 3 horas participaron 120 perpetradores en 9 escenarios de violencia que dejaron con resultado 180 víctimas directas –la mayoría jóvenes y menores de edad– y 700 familiares afectados.

Entre las víctimas hubo 6 personas ejecutadas extrajudicialmente, más de 40 heridas, 80 que fueron perseguidas y sufrieron atentados contra sus vidas, así como los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, víctimas de desaparición forzada.

A partir de los resultados de su investigación, en la que incluyen una serie de recomendaciones para las autoridades mexicanas en materia de desaparición forzada, los expertos aseguraron que el paradero de los 43 estudiantes secuestrados por policías municipales de Iguala y Cocula es todavía desconocido.

Por su parte, los familiares pidieron una reunión en persona con el presidente Enrique Peña Nieto y que el grupo de expertos permanezcan en el país de manera indefinida hasta que se dé con el paradero de los alumnos, según la agencia AP.

“No vamos a aceptar otra mentira del gobierno”, dijo Blanca Nava, mamá de Jorge Alvarez.

“Lo del basurero nunca pasó”, señaló Mario César González, el papá de César Manuel. “La pregunta es ¿a dónde están nuestros hijos?, ¿para dónde se llevaron a nuestros hijos?”, añadió.

A través de su red social Twitter, el primer mandatario de la nación, Enrique Peña Nieto dijo que dio instrucciones para que se tomen en cuenta los señalamientos del grupo de expertos.

Poco después, la procuradora general, Arely Gómez, anunció en un mensaje que solicitará un nuevo peritaje que analice lo que sucedió en el basurero y que su oficina estudiará las conclusiones del grupo de expertos.

La funcionaria, que no aceptó preguntas de la prensa, también dijo que solicitará una prórroga para que el grupo de expertos continúe sus trabajos sobre el caso. La Comisión Interamericana ya había hecho esa petición al gobierno durante los meses que lleva trabajando en el incidente.

“El informe… es fundamental para la investigación”, añadió.

El reporte es un duro golpe para el gobierno del presidente Peña Nieto, que en enero sostuvo que había logrado dar con la “verdad histórica” de lo sucedido.

El entonces procurador Jesús Murillo dijo en aquel momento que, el 26 de septiembre de 2014, los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa fueron detenidos por los policías municipales y entregados a un grupo del narcotráfico que los calcinó en un basurero y luego lanzó las cenizas en bolsas a un río cercano.

Pero los expertos encargaron un nuevo peritaje para determinar si era posible que tantos cuerpos pudieran haber sido incinerados tal y como lo dijo el procurador, y la conclusión para ellos no deja lugar a dudas: “los 43 estudiantes no fueron incinerados en el basurero municipal de Cocula”.

Hasta ahora, y luego del análisis de un fragmento quemado de hueso, sólo se sabe que uno de los 43 estudiantes murió. Pero no hay certeza de lo que pasó con los otros 42 alumnos.

“Hoy el teatro montado por el gobierno se ha derrumbado”, expresó el vocero de los padres de familia de los desaparecidos, Felipe de la Cruz. “La verdad histórica está por los suelos, ahora es la mentira histórica”.

El denominado “Informe Ayotzinapa” documenta cómo policías estatales y federales, además del Ejército, monitorearon los movimientos de los estudiantes desde antes de que llegaran a Iguala y que no intervinieron cuando, tras llegar, fueron atacados en nueve distintos lugares por los agentes municipales, en una jornada que también dejó seis muertos y 40 heridos.

Las autoridades y los cuerpos de emergencia tardaron incluso horas en responder, lo que pudo causar la muerte de al menos dos personas que esperaban ser atendidas.

Para el grupo, es necesario que las autoridades replanteen sus hipótesis y líneas de investigación, además de continuar la búsqueda de los estudiantes e indagar el posible uso de otros lugares para cremar cuerpos, por ejemplo, hornos públicos o privados.

La organización Human Rights Watch, al conocer el informe, lamentó que pese a la conmoción que suscitó el crimen, las autoridades mexicanas demostraron no poder o no querer hacer una investigación seria, por lo que indicó que la justicia mexicana “necesita escrutinio externo para evitar que se repita esta vergonzosa actuación”.

Amnistía Internacional criticó la labor del gobierno mexicano en el caso Ayotzinapa.

El informe de los expertos nombrados por la CIDH para valorar la investigación sobre la desaparición de 43 estudiantes en México muestra la incompetencia gubernamental para encontrarlos, denunció el organismo.

Con información de agencias

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