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Alcalde de Mexicali impide boda gay pese a un fallo de la Suprema Corte

Por: Enero 16, 2015 Sin comentarios

México, D.F.- El alcalde de Mexicali, Jaime Díaz Ochoa, fue demandado por los abogados de Víctor Aguirre y Fernando Urias tras no acatar, por segunda ocasión, un fallo de la Corte que concede a la pareja el derecho a casarse. De confirmarse que hubo desacato, podría haber una inhabilitación del cargo, una multa o destitución de los funcionarios involucrados.

 

La denuncia por desacato al fallo de la primera sala de la Suprema Corte fue presentada por los abogados de la pareja, Alex Alí Méndez y José Luis Márquez, ante el juez federal cuarto de distrito, Mario Alejandro Moreno Hernández, quien a su vez solicitó al alcalde el pasado 13 de enero fundamentar las razones por las que no se ha realizado la unión conyugal.

 

El alcalde Jaime Díaz Ochoa, de extracción panista, es señalado por la pareja y sus abogados de ser el principal opositor para llevar a cabo dicha unión conyugal, presionado, señalan, por el obispo José Isidro Macías.

 

Una vez que Díaz Ochoa presente su informe al juez federal, el caso se turnará a un Tribunal Colegiado de Baja California que determinará si el registro civil incumplió o no la ejecución de la sentencia de la Corte.

 

Por su parte, el abogado Alex Alí Méndez indicó que de confirmarse que hubo un desacato por parte del edil, este podría derivar en la “inhabilitación para el cargo público, una multa o incluso la destitución de los funcionarios públicos que estuvieron involucrados en el incumplimiento de esta resolución”.

 

Sobre la denuncia de impedimento de matrimonio en contra de Víctor y Fernando, presentada por Angélica Guadalupe González Sánchez, la persona encargada de impartir las pláticas prenunpciales en el municipio –y denuncia por la que se frenó el cuarto intento de la boda el sábado 10 de enero–, el abogado Alex Alí señala que este viernes 16 de enero presentarán ante el juez de lo familiar en Mexicali las pruebas para refutar la acusación que considera que los contrayentes “padecen de LOCURA”.

 

Y enumera los argumentos legales:

 

1) El Código Civil de Baja California establece que sólo personas físicas, no organizaciones, podrán presentar una denuncia de impedimento de matrimonio, y Angélica Guadalupe González además lo hizo como presidenta y apoderada legal de la Coalición de Familias de Baja California A.C. 2) La oficial del registro civil Guadalupe Adriana Nevárez tuvo que levantar un acta circunstanciada para certificar quién y en qué términos presentó la denuncia, pero el documento no fue presentado. 3) Angélica Guadalupe González está impedida de presentar una denuncia, pues no es familiar de los contrayentes. El Código de Procedimientos Civiles del estado establece que sólo pueden hacer este tipo de solicitudes las personas que pudieran tener intereses hereditarios a los bienes jurídicos de las personas de que se trate. 4) Ministerio Público federal o bien el DIF estatal están autorizados de solicitar un examen para corroborar las facultades mentales de los contrayentes; la denunciante no pertenece a estas figuras, y 5) Las actas de nacimiento de Víctor y Fernando, que en original ha tenido el registro civil, no tienen anotaciones marginales sobre algún juicio o declaración judicial que indique que padecen de sus facultades mentales.

 

“Todas estas inconsistencias hacen que el acto del registro civil que impidió la celebración del matrimonio resulte ilegal”, anota Alex Alí Méndez.

 

Con información de agencias.

 

 

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